Excombatientes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y víctimas del conflicto armado expresaron su preocupación por la posible reducción de las ayudas económicas vinculadas al Acuerdo de Paz de 2016, ante las críticas al pacto formuladas desde el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
La incertidumbre afecta a personas que participan en programas de reincorporación y reconciliación, como los desarrollados en la granja Tíbares, ubicada a una hora y media de Bogotá, donde antiguos guerrilleros, víctimas y habitantes de la comunidad trabajan en proyectos agrícolas y pecuarios.
En ese espacio, creado en 2020, los participantes buscan reconstruir sus vidas mediante actividades productivas y procesos de convivencia, diez años después de la firma del acuerdo entre el Estado colombiano y las FARC.
Acuerdo de Paz: preocupación
Angélica Bayén Muñoz, víctima de violencia sexual durante el conflicto armado, aseguró que las declaraciones del actual Gobierno han generado inquietud entre quienes participan en los programas de reconciliación.
“Nos hemos sentido, tanto víctimas como firmantes (guerrilleros), amenazados e intimidados”, declaró a la agencia EFE.
Bayén llegó a Bogotá hace una década, después de sufrir dos desplazamientos forzados desde los departamentos de Cesar y Vichada.
En la granja Tíbares comenzó a escuchar los testimonios de antiguos integrantes de las FARC, una experiencia que, según relató, la llevó a perdonarlos.
El proyecto reúne a personas que estuvieron en lados opuestos del conflicto armado y que actualmente comparten actividades productivas.
Alessandro Preti, director del área de Verificación de la Misión de la ONU en Colombia, destacó la importancia de estas iniciativas para la reconciliación.
“Esta granja ha demostrado que hay un escenario también de paz y de reconciliación. Los firmantes no son sólo beneficiarios, sino que pueden ser sujeto de construcción de paz junto con las comunidades”, afirmó.
Acuerdo de Paz y desplazamientos
La inseguridad continúa afectando a antiguos combatientes que abandonaron las armas tras la firma del pacto.
Luis González, uno de los participantes en la granja Tíbares, relató que ingresó a la guerrilla durante su adolescencia, después de que integrantes de su familia fueran ejecutados por miembros del Ejército.
Tras acogerse al acuerdo de 2016, aseguró que tuvo que desplazarse en dos ocasiones debido a amenazas de disidencias de las FARC que pretendían que regresara a la lucha armada.
“Sufrí amenazas y persecución. Al no querer volver a la lucha con ellos, he tenido muchos problemas”, declaró.
González sostuvo que los desplazamientos y la falta de oportunidades laborales han dificultado su proceso de reincorporación.
“No conozco la paz. Todavía no, porque estoy huyendo”, expresó.
Una situación similar enfrenta Tito Cuevas, quien permaneció 30 años en las FARC y tuvo que abandonar Arauca para trasladarse a Bogotá por temor a las disidencias.
“La guerra lo que trae es desplazamientos y muchas familias se quedan a la deriva”, manifestó.
Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá, señaló que el recrudecimiento de la violencia ha provocado que antiguos combatientes vuelvan a convertirse en víctimas de desplazamiento.
Temor por ayudas económicas
Uno de los principales motivos de preocupación entre los firmantes del Acuerdo de Paz es la continuidad de la renta básica que reciben como parte de su proceso de reincorporación.
Actualmente, más de 8,000 firmantes reciben una asignación mensual equivalente al 90 % de un salario mínimo, gestionada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
Inicialmente, esta ayuda estaba prevista para un período de 24 meses. Sin embargo, su entrega se ha extendido para contribuir a la sostenibilidad de los procesos de reincorporación.
Mercado advirtió sobre el riesgo de una reducción de los recursos destinados a la agencia.
“Nos preocupa la desfinanciación a esta agencia, porque insistimos en que el país y el Gobierno le debe responder a estos (…) hombres y mujeres que tienen procesos activos en la ARN y que firmaron con el Estado”, expresó.
La funcionaria recordó que unas 13,000 personas vinculadas a las FARC dejaron las armas en 2016 y asumieron compromisos con el Estado colombiano, independientemente del Gobierno de turno.
Acuerdo de Paz: continuidad
Rolando Albeiro Acevedo, conocido como Octavio, excomandante del Frente Urbano Jacobo Arenas y actual líder del proyecto de la granja Tíbares, manifestó su preocupación por la continuidad de las políticas de reincorporación.
Acevedo, condenado por su participación en un atentado con carro bomba en 2004, salió de prisión en 2017 como resultado del Acuerdo de Paz.
Actualmente comparece ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en los casos 1 y 10, y participa en la defensa de los derechos de los firmantes.
“Vamos a entrar en los últimos cuatro años de implementación (del acuerdo) y no vemos una voluntad política del Gobierno actual para seguir en esa senda que se abrió con el Gobierno anterior”, sostuvo.
Por su parte, González explicó que la renta básica representa su principal medio de subsistencia y le permite mantenerse junto a su familia.
Cuevas también advirtió sobre las consecuencias que podría tener la suspensión de estos recursos para quienes todavía no cuentan con un empleo estable.
“Si esa renta no estuviera, mucha gente volvería a agarrar las armas”, afirmó.
Pese a las dificultades, González aseguró que mantiene su decisión de haber abandonado la lucha armada.
“No me arrepiento. He tenido la oportunidad de estar con mi familia. Ha sido complejo, más duro que la guerra, pero no me arrepiento”, expresó.
La preocupación de los firmantes se produce cuando Colombia se aproxima al décimo aniversario del acuerdo suscrito el 24 de noviembre de 2016, que puso fin al conflicto entre el Estado y las FARC y abrió un proceso de reincorporación, reparación y búsqueda de la verdad.
Aunque los entrevistados temen una reducción de los programas, la información publicada no confirma que el Gobierno haya decidido suspender la renta básica.
EFE
