El chavismo y un sector de la oposición acordaron este miércoles revisar la Ley orgánica de la Contraloría General, específicamente «lo inherente al proceso de inhabilitaciones» políticas en Venezuela, tras concluir su tercer ciclo de diálogo que comenzó hace una semana.
Ambas partes hicieron este pronunciamiento en un momento en el que la oposición pide que se le retire la inhabilitación política a su líder y premio nobel de la paz, María Corina Machado -quien se encuentra fuera de Venezuela desde diciembre pasado- y que pueda regresar a su país para liderar una transición ante una eventual elección presidencial.
Los partícipes en el diálogo también acordaron «iniciar un proceso de revisión profunda de diversos instrumentos legales», como la Ley de partidos políticos, para «garantizar la participación de todos los actores» en «aras de fortalecer la democracia», según leyó la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera.
Revisión a la Ley Simón Bolívar
Además, propusieron la revisión de la Ley Simón Bolívar, aprobada en 2024 por el Parlamento -presido por el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez- y que contempla penas de entre veinticinco y treinta años de prisión, así como multas millonarias y sesenta años de inhabilitación política para quienes promuevan sanciones contra el Gobierno.
También, las partes pactaron la revisión de la definición y tipificación del terrorismo en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
El delito de terrorismo fue imputado a una gran cantidad de personas tras las presidenciales de 2024, acusadas de vandalismo y violencia, y calificados por el entonces fiscal general, Tarek William Saab, como terroristas en medio de una crisis poselectoral.
Ese año, el abogado Joel García dijo a EFE que a los detenidos se les imputaba «por igual» el delito de terrorismo, pero no se individualizaban las conductas. Esto, añadió entonces el letrado, contravenía uno de los principios básicos del derecho, que establece que la responsabilidad penal es individual.
Asimismo, García dijo que la acusación de terrorismo era «un patrón sistemático y generalizado» contra la población disidente al Gobierno entonces presidido por Nicolás Maduro, quien fue proclamado en 2024 como ganador de las presidenciales por un ente electoral controlado por rectores afines al chavismo y que no publicó los resultados detallados, como exigía su propio cronograma.
Acuerdo para gestionar el oro retenido en Reino Unido
Asimismo, acordaron conformar una comisión paritaria que gestione ante las instituciones del Reino Unido el desbloqueo del oro retenido en el Banco de Inglaterra, informaron ambas partes al término de la tercera ronda de negociaciones.
Al seguir lo acordado en el primer ciclo en agosto, cuando las partes pactaron la recuperación de estos activos que por mucho tiempo estuvieron bajo el control de la oposición, ahora se avanzará en la conformación de esta comisión a fin de que los recursos puedan ser utilizados en la población afectada por el doble terremoto del pasado 24 de junio y la «recuperación de los servicios públicos».
Se acuerda «reiterar ante las instituciones competentes del Reino Unido, la necesidad y urgencia de recuperar los activos de reserva internacional de Venezuela depositados en el Banco de Inglaterra», dice el texto leído por el presidente del Parlamento y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez.
Según declaró a la prensa la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, su comisión conversó con representantes del Reino Unido para que se haga efectiva la transferencia de los recursos que fueron transferidos al control de la oposición en 2019, en medio de una crisis política desatada por el cuestionamiento al mandato del ahora presidente depuesto Nicolás Maduro, tras unas presidenciales con denuncias de fraude.
Figuera además aseguró que el oro venezolano depositado en este banco ahora equivale al doble del valor que tenía en 2019.
Las partes además acordaron tener como prioridad «la recuperación económica nacional» y ratificaron «la determinación de unir esfuerzos, para promover condiciones que garanticen los derechos, la libertad e independencia para la prosperidad económica» del país y con ello «el desarrollo y ejercicio de los derechos sociales a la salud, alimentación, educación, ingreso de los trabajadores, servicios públicos, entre otros».
EFE
