La institución judicial ha formalizado su solicitud de medidas de coerción contra los presuntos responsables: prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel Espaillat.
El MP sostiene que la tragedia se habría evitado si los imputados hubieran “actuado conforme a derecho” y hubieran “valorado la vida por encima del dinero”. Esta declaración subraya la hipótesis central de la acusación: que decisiones motivadas por intereses económicos llevaron a la desatención de las normas de seguridad, culminando en el fatal desplome.
