Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, expresó que “la responsabilidad estatal por los hechos que hemos constatado con testimonios, estadísticas e imágenes es innegable”. También criticó que “resistirse al escrutinio público no solo socava la confianza en el gobierno, sino que también perjudica a todas las personas que el Estado debe respetar y proteger”.
La organización volvió a instar al gobierno de Luis Abinader y Raquel Peña a aprovechar este segundo mandato constitucional para promover un cambio positivo en su política migratoria. Este llamado incluye asumir la responsabilidad y corregir prácticas y políticas que consideran racistas y que, según AI, violan los derechos humanos.
Amnistía Internacional también recordó al gobierno dominicano su deber de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de protección de derechos humanos y respeto a las leyes migratorias locales. Subrayó que, entre otras cosas, estas leyes prohíben la deportación de mujeres embarazadas y menores de edad, una normativa que, según ellos, ha sido ignorada en ocasiones por las autoridades dominicanas.
