El sector empresarial dominicano ha manifestado su rotundo rechazo al proyecto de modificación del Código de Trabajo, aprobado en primera lectura por el Senado. Consideran que, lejos de modernizar, esta propuesta representa un “retroceso” para la economía y el empleo formal del país.
La coalición de organizaciones empresariales, que incluye al Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES), entre más de 70 asociaciones, fundamenta su objeción en varios puntos clave:
Desconocimiento del Diálogo Tripartito: La propuesta ignora acuerdos previos alcanzados tras años de negociación entre empleadores, trabajadores y el Gobierno, socavando el equilibrio y la confianza.
Aumento de Costos Laborales: Se prevé un incremento significativo en los costos, lo cual es especialmente perjudicial para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que constituyen más del 98% del tejido productivo nacional.
Desincentivo al Empleo Formal: La reforma podría frenar la creación de nuevos empleos formales y dificultar la formalización, en un país donde la informalidad ya supera el 55% de la fuerza laboral.
Incertidumbre Jurídica: Se anticipa una sobrecarga de procesos judiciales y un debilitamiento del clima de inversión, esencial para atraer capital nacional y extranjero.
El empresariado reitera su disposición al diálogo y hace un llamado urgente al Congreso Nacional para retomar el diálogo tripartito. Su objetivo es construir un marco regulatorio moderno, justo y adaptado a las necesidades del mercado laboral, que fomente la productividad, la creación de empleos formales y la competitividad.
Consideran que el país merece una reforma laboral verdaderamente transformadora que impulse el crecimiento económico inclusivo y contribuya a la “Meta RD 2036”, que busca duplicar el Producto Interno Bruto (PIB) real de la República Dominicana en los próximos 12 años. La actual propuesta, advierten, envía una “señal negativa” en un momento de grandes desafíos globales.
