Karin L. Contreras participó en una red que presentó solicitudes falsas con identidades robadas durante la pandemia.
Una ciudadana dominicana de 45 años fue condenada a 27 meses de prisión en Estados Unidos por participar en un fraude contra programas de seguro de desempleo creados durante la pandemia de COVID-19, mediante los cuales un grupo logró retirar más de 550,000 dólares.
La acusada, identificada como Karin L. Contreras, residente permanente legal en ese país, admitió haber formado parte de una conspiración que utilizó información personal robada para presentar solicitudes fraudulentas de prestaciones.
La jueza federal Beryl A. Howell también le impuso dos años de libertad supervisada y ordenó el pago de 551,674 dólares en restitución, según informó la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
Contreras se había declarado culpable el 10 de julio de 2026 de conspiración para cometer fraude electrónico. Los fiscales solicitaron una condena de 41 meses de prisión, pero el tribunal estableció una pena de 27 meses.
El fraude se extendió durante nueve meses
De acuerdo con los documentos judiciales, la red operó entre junio de 2020 y marzo de 2021. Durante ese período, Contreras y otras personas presentaron solicitudes de ayudas por desempleo utilizando identidades sustraídas a terceros.
Las solicitudes permitieron obtener tarjetas prepagadas para cajeros automáticos, en las que se depositaron prestaciones por un valor superior a un millón de dólares. La mayoría de las tarjetas fue enviada a una dirección de Washington, D. C., cercana a la residencia de Contreras.
Los integrantes del grupo retiraban el dinero en cajeros automáticos mediante operaciones de 1,000 dólares, el límite diario permitido por tarjeta.
Según la investigación, entre el 1 y el 14 de julio de 2020, Contreras utilizó personalmente 12 tarjetas obtenidas de manera fraudulenta y retiró 23,000 dólares en cajeros automáticos de la capital estadounidense.
Aunque las solicitudes falsas superaron el millón de dólares, los involucrados consiguieron retirar más de 550,000 dólares de los programas de desempleo.
Investigación federal
La fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, afirmó que el fraude afectó recursos destinados a ayudar a personas perjudicadas por las consecuencias económicas de la pandemia.
La investigación estuvo a cargo de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Washington y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
La acusación fue llevada por fiscales del Departamento de Justicia, según el comunicado oficial.
Fuente: Infobae, con información de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
EFE
