Ramos señaló que este tipo de contenidos, frecuentemente disfrazados de periodismo, mezcla “medias verdades” con afirmaciones falsas, lo cual confunde a la ciudadanía y desalienta a personas honestas a ocupar cargos públicos. “Esto ha llegado a unos límites inaceptables. Antes decía que no valía la pena prestarle atención, pero ya no podemos ignorarlo”, afirmó.
Caso Ángel Martínez marca nuevo enfoque
La fiscal destacó que desde la orden de arresto contra el comunicador Ángel Martínez, se ha adoptado un enfoque más firme frente a este tipo de delitos. “Solicitamos medidas de coerción en su contra, algo que no es usual en estos casos, como garantía económica y presentación periódica, y el juez acogió nuestras peticiones”, explicó mediante una entrevista para el programa Hoy Mismo.
Martínez enfrenta múltiples querellas por difamación e injuria, incluyendo una presentada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y otra por la joven Milagros Germán, según confirmó Ramos. También se mencionan procesos abiertos en Santiago y Mao, presentados por empresarios y figuras públicas, lo que evidencia un patrón de comportamiento.
Preocupación institucional
Ramos hizo un llamado a proteger a los funcionarios serios que se ven vulnerados por campañas mediáticas irresponsables. “¿Quién quiere asumir una posición pública para servir al país, si además tiene que pagarle psicólogo a sus hijos por la presión mediática y los ataques infundados?”, cuestionó.
Además, confirmó que en estos casos siempre se contempla la posibilidad de conciliación previa, aunque reconoció que muchos de los involucrados prefieren seguir el proceso judicial para sentar precedentes.
