Por: Ivan Campos
El panorama internacional está cambiando drásticamente las reglas del juego global y obligando a las naciones a reconfigurar sus líneas estratégicas. Y eso incluye a una Unión Europea (UE) a la que, en los últimos años, se ha percibido tímida en su relación con América Latina. Pero podríamos estar asistiendo a un cambio de ciclo en el que la República Dominicana emerge como actor clave en un momento de la relación -política y económica- que quizá atraviesa un momento más constructivo y maduro.
Esta reactivación responde a necesidades urgentes en el otro lado del océano. La UE afronta una profunda etapa de redefinición de sus alianzas globales espoleada por tres prioridades críticas de la agenda de Bruselas. Por un lado, la de protegerse ante nuevas amenazas globales. Por otro, garantizar la estabilidad en sus regiones vecinas. Y, en tercer lugar, pero no por ello menos importante, diversificar sus alianzas para reducir la alta dependencia económica y tecnológica de otras potencias. Es precisamente en este tercer objetivo donde la estabilidad democrática e institucional de nuestro país brilla con luz propia en una región que se mueve de manera un tanto convulsa en ciertos de sus espacios geográficos.
En el plano político, la relación entre Santo Domingo y Bruselas se fundamenta en un patrimonio compartido de valores democráticos, respeto a los derechos humanos y defensa del multilateralismo. Mientras la UE busca desesperadamente interlocutores de confianza para contrarrestar la influencia de autocracias en el hemisferio occidental, el Estado dominicano se consolida como un socio predecible y un ancla de estabilidad en la compleja subregión del Caribe.
En lo económico, este “cambio de ciclo” se traduce en la inyección de nuevos recursos, atención y facilidades hacia proyectos que conecten de forma tangible a ambas regiones. Para la República Dominicana, la Unión Europea es históricamente su segundo socio comercial, por detrás de Estados Unidos. El Acuerdo de Asociación Económica (EPA, por sus siglas en inglés), ratificado hace más de una década, sentó las bases institucionales del comercio bilateral, pero el mundo de hoy induce a tener que ir más allá de lo contemplado en él.
En ese tenor, la gran herramienta de este viraje estratégico parece ser el programa Global Gateway, la propuesta multimillonaria europea para competir con la influencia inversora de China en el mundo en desarrollo. A través de este mecanismo, la UE busca financiar infraestructuras sostenibles, transiciones digitales y energías limpias. Para el empresariado y el gobierno dominicano, esto representa una ventana de oportunidad sin precedentes en términos de captación de capitales europeos de alta calidad que impulsen, por ejemplo, la modernización del transporte urbano en la que ya recibimos impulso desde aquellas tierras, o la resiliencia climática. Mientras bloques comerciales masivos de la región enfrentan dinámicas dispares —como México, cuyo reciente acuerdo comercial abre enormes compuertas, o el Mercosur, bloqueado por una compleja ratificación institucional—, nuestro país goza de un marco normativo ya vigente y operativo que otorga predictibilidad y seguridad jurídica a las inversiones a largo plazo. Ya da resultados, pero podría dar muchos más.
Dicho todo esto, parece claro que Bruselas ha dejado de ser un centro de influencia secundario o meramente burocrático. Para cualquier empresa dominicana con ambición transnacional, o para los gremios productivos que defienden nuestras exportaciones agrícolas e industriales, tener una presencia institucional y corporativa activa en la capital de la UE es hoy un factor indispensable de negocio.
¿Por qué? Primero, porque permite anticiparse a las rigurosas normativas ambientales y comerciales (como los nuevos estándares de debida diligencia y aranceles de carbono) antes de que se aprueben, evitando choques que puedan dejar a nuestros productos fuera del juego. Segundo, porque ayuda a influir de forma ética y técnica en la configuración de los estándares del futuro, asegurando que las realidades de las economías caribeñas sean tomadas en cuenta. Y tercero, porque sirve para defender los intereses del negocio nacional directamente donde se toman las decisiones macroeconómicas globales.
La República Dominicana cuenta con los activos políticos de estabilidad y la infraestructura económica necesarios para capitalizar este nuevo apetito inversor de la Unión Europea, que en 2025 superó los 1,800 millones de dólares. Aprovechar este ciclo expansivo dependerá de nuestra capacidad colectiva —pública y privada— para dejar de mirar a Europa como un mercado lejano y empezar a tratar a Bruselas como la capital estratégica donde se puede codiseñar parte de nuestro futuro económico.
